El conflicto legal entre Christian Nodal y su antigua disquera Universal Music gira en torno a acusaciones de falsificación de 32 contratos, documentos que, según la disquera, habrían sido manipulados para que Nodal y su familia reclamaran la titularidad de derechos sobre tres de sus discos: Me Dejé Llevar, Ahora y AYAYAY.

Universal sostiene que los contratos presentados por Nodal contienen irregularidades graves, especialmente en las firmas que, según peritajes oficiales, no coincidirían con las originales o no serían auténticas.

Ante estas acusaciones, Nodal promovió un amparo para obtener acceso a la carpeta de investigación y copias de la denuncia que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió por el presunto delito.

Sin embargo, un juez rechazó la suspensión provisional solicitada, argumentando que las solicitudes del cantante eran demasiado ambiguas y no estaban claramente precisadas.

El juez le exigió reformular su demanda para que quede claro qué actos impugna.

La disputa es de larga data —se remonta a 2021, cuando Nodal decidió terminar su relación con Universal y firmar con Sony Music, luego de acusar que su vínculo con la disquera era “tóxico”.

En ese contexto, Universal contrademandó a Nodal (y a sus padres) para evitar que se adjudicara los derechos de los discos mencionados.

Las consecuencias legales que podrían derivarse incluyen:

Judicialización del caso penal, con citaciones a audiencia inicial.

Posibles medidas cautelares contra Nodal, como firma periódica, domicilio fijo para notificaciones, restricción de viajes, etc.

La participación de sus padres —Jaime González y Cristina Nodal— como parte demandada, pues Universal los acusa de colaborar en la presentación de los contratos cuestionados.

En el plano mediático, Nodal ha negado que exista un veto impuesto por Universal contra él, y aseguró que no tiene un contrato vigente con esa disquera.

Las representaciones legales de Universal han dicho que el recurso de amparo de Nodal no modifica el fondo del asunto, y que lo que solicita es algo que ya tiene derecho legalmente: acceder a documentos de la carpeta.

En meses recientes se ha informado que el caso podría escalar aún más: la familia de Nodal podría enfrentar un juicio penal, con riesgo de órdenes de aprehensión si se determina culpabilidad en las acusaciones.