Salvador | INTERFM | Lunes 10/02/2020

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, clave para el plan nacional de lucha contra las pandillas y epicentro del actual enfrentamiento entre ambos poderes.

Hablando desde una tarima a seguidores y empleados estatales congregados en las cercanías del Congreso para presionar a los legisladores a aprobar el préstamo de 109 millones de dólares, Bukele dijo: "Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)".

El crédito, que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas.

Momentos antes de hacer el ultimátum, Bukele ingresó en un hecho insólito al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y se dispuso a orar: "La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración", dijo.

Luego salió del recinto y se dirigió a sus seguidores afuera del Congreso, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera "paciencia" con los legisladores. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en la Asamblea unicameral.

Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

El hecho se produjo a pesar de que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, había convocado el sábado a los parlamentarios a sesionar sobre el polémico préstamo el lunes, luego de que fracasara esa noche un intento de celebrar una sesión extraordinaria.

El viernes surgió una confrontación entre Bukele y el Legislativo, cuando el presidente -apoyado en una resolución del consejo de ministros- llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar el préstamo.

El mandatario se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pero la Asamblea le respondió que la convocatoria era "improcedente" porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.

Bukele entonces llamó a sus seguidores a apelar al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros.

"Cuando los funcionarios rompen el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios", arengó Bukele.

Los presentes coreaban "insurrección, insurrección".

"Gran preocupación"

El choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo provocó la preocupación de diferentes sectores en virtud de la intervención de los militares y policías que se sumaron a la posición del mandatario, algo que ocurría desde el fin de la guerra civil en 1992.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con "dos posturas bastante radicales", por lo que instó a las partes a "bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad".

Por su parte, el analista y exministro de Justicia Francisco Bertrand, tras calificar fuera de lugar el llamado de Bukele a la Asamblea, dijo que el país ha vivido la situación "más grave" de las últimas décadas y similar a las que sucedían normalmente en los años 1950 y 1960 durante los regímenes militares.

La Unión Europea también expresó este domingo en un comunicado la "gran preocupación" que ha causado el "enfrentamiento" entre las instituciones salvadoreñas.

Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) pidió el "retiro de las Fuerzas Armadas" del recinto legislativo, entre otras medidas, para desactivar la crisis.

Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.