Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) acudió vía zoom al juicio oral y público en contra de ocho exfuncionarios de gobierno involucrados en el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”.

Se trata de Juan Ramón Maradiaga Franco (ex gerente administrativo de BANADESA), David Eduardo Ortiz Hawit (ex gerente financiero de BANADESA), Elmer Jeovany Ordóñez Espinal (ex jefe de control interno de BANADESA), Gonzalo Molina Solórzano (ex jefe de proveeduría de BANADESA), Harvys Herrera Carballo (ex gerente administrativo de Casa Presidencial), Claudia Noriega González (ex coordinadora del proyecto Tarjeta La Cachureca), Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (ex gerente financiera de Casa Presidencial y ex jefa de presupuesto de SEDIS) y Carlos Josué Romero Puerto (coordinador del Proyecto PRAF-BANADESA).

Los cargos imputados contra Maradiaga Franco, Ortiz Hawit y Molina Solórzano son por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude, mientras que contra Ordóñez Espinal por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.

En los casos de Herrera Carballo son por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, contra Noriega González por 43 delitos de fraude, contra Alvarado Izaguirre por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 43 delitos de fraude (art. 376 del Código Penal) y un delito de fraude (art. 240-A del Código Penal) y contra Romero Puerto por 17 delitos de fraude.

Como se recordará, en el expediente “Corrupción Sobre Ruedas” el primer medio que se usó para drenar los fondos fue BANADESA con el llamado Bono 10 MIL, empleando una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID), creada por las cómplices necesarias Carol Alvarado y Claudia Noriega para el manejo de fondos destinados al financiamiento de campañas políticas.

Dicho dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, con un monto gastado de 11 millones 401 mil 151 lempiras, los que fueron retirados mediante 104 débitos.

Por otro lado, el segundo mecanismo detectado con base a las investigaciones de la Fiscalía, fue el de arrendamiento de vehículos que los acusados -autores y cómplices- realizaron con fondos destinados al Bono 10 Mil, bajo el argumento que un funcionario fue asesinado cuando andaba entregando el referido bono, por lo que se procedió a la contratación de vehículos blindados.

El alquiler de los vehículos blindados fue pagado por la empresa AID mediante cheques no negociables por un monto de 4 millones 154 mil 20 lempiras. Los automotores eran usados por personajes políticos que andaban en campaña política.

La empresa AID era de fachada y a nombre de la misma también se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda y aparte se trasladaban recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre e incluso para pagar sus tarjetas de crédito.

Igualmente, a nombre de AID se extendieron recursos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014.

Por este caso, vale destacar, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), llevó a cabo acciones de aseguramiento e inmovilización de vehículos lujosos y de la empresa Representaciones Montes y Distribuidora de Productos, de quienes Carol Vanessa Alvarado y su esposo José Antonio Galdames son socios.