Honduras | INTERFM | Viernes 28/11/2019

Un juez ordenó este jueves la suspensión del cargo de alcalde de Choloma a Leopoldo Crivelli y dictó medidas distintas a la prisión tras ser acusado por al menos tres delitos.

La audiencia se verificó en el Juzgado Penal en Materia de Corrupción, hasta donde se trasladó Crivelli quien es acusado por los presuntos delitos de uso de documentos públicos falsos, abuso de autoridad y fraude.

Entre las medidas cautelares destacam, la prohibición de salir del país, suspensión del cargo, firma el libro de control en los juzgados cholomeños, estar bajo custodia de su abogado y prohibición de concurrir a ciertos lugares, así como comunicarse con determinadas personas.

La medida de suspensión del cargo solamente es vigente hasta que se desarrolle la audiencia inicial programada para el martes 3 de diciembre a las 9:00 de la mañana en los Juzgados en Materia de Corrupción.

Villars explicó que si se le dicta auto de formal procesamiento en la audiencia inicial, el juez decidirá si continúa la medida de suspensión del cargo.

Al salir de la audiencia Crivelli declaró que en ningún momento ha sido suspendido del cargo y que se encuentra un poco mal de salud.

El Ministerio Público informó que Crivelli fue capturado por una denuncia que contiene informe de auditoría financiera practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a la Municipalidad de Choloma, en el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 2011, cuyo resultado dio indicios de responsabilidad penal por parte del alcalde y la corporación municipal en pleno, quienes aprobaron la compra de un terreno sobrevalorado sin seguir los procedimientos legales establecidos por la ley.

El bien inmueble fue adquirido el 27 de febrero de 2008 para la construcción de un relleno sanitario denominado «El Ocotillo Desagüe».

El cual según la comisión de avalúo de la Contaduría General de la República tenía un costo de L3,025,529.15, no obstante, adulterando el documento oficial de tasación, autorizaron dicha compra en sesión de corporación por un monto de L10,500,000.00. Sin embargo, el Ministerio Público asegura que se acreditó que la sobrevaloración fue de L7,747,474,.85.