Estados Unidos | Miércoles | 20/11/2019

La normativa, que estará abierta a comentarios hasta el próximo 19 de diciembre, prevé cambios en materia de deportación y asigna tanto a los funcionarios como a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante.

En concreto, la normativa apunta que los solicitantes tengan acceso a ‘solo uno de los sistemas de protección de los países signatarios’ de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés), como se denominan los pactos suscritos entre EE.UU. y esos Estados centroamericanos, para lo que se adopta la deportación acelerada.

Bajo un acuerdo migratorio, y según regulaciones estadounidenses, se prohíbe que un extranjero sujeto a un ACA solicite asilo en EE.UU., con lo que se estipula su expulsión ‘a un país que proporcionará acceso a un procedimiento completo y justo para determinar el reclamo de protección’.

Además, establece la autoridad de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para determinar si los extranjeros son aptos para solicitar asilo bajo esos convenios, y de los jueces de inmigración en materia de deportación.

La norma se aplicará a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada de EE.UU. o intenten hacerlo y soliciten asilo, aunque podrán decidir si abandonan su petición antes de que sea considerada bajo uno de los acuerdos con los países centroamericanos.

La información añade que el sistema de asilo de EE.UU. está ‘sobrecargado’ debido a la llegada de ‘miles’ de migrantes en los últimos años, lo que ha contribuido a un retraso de 987.198 casos migratorios pendientes de resolución, entre ellos 474.327 de asilo.

‘Las solicitudes de asilo de extranjeros de El Salvador, Guatemala y Honduras representan más de la mitad de los casos de asilo pendientes’, agrega el documento sobre los países del llamado ‘Triángulo Norte’ de Centroamérica.

La Administración de Trump firmó el pasado 26 de julio un acuerdo de cooperación de asilo con Guatemala, lo que repitió el 20 de septiembre con El Salvador y cinco días después, con Honduras.

Al referirse a esta norma, Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, consideró en un comunicado un ‘ultraje’ que se envíe a inmigrantes vulnerables a ‘países que son claramente incapaces de brindar protección o incluso seguridad básica’.

‘No hay duda de que los hombres, mujeres y niños que huyeron de la persecución y la violencia y sufrieron peligrosos viajes para buscar refugio en Estados Unidos sufrirán y morirán como resultado de esta política’, advirtió. EFE.