San Pedro Sula, Cortés. Mantener las medidas impuestas al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli Durant, fue la resolución que dictaminó el Tribunal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción a una petición presentada por la defensa del edil que buscada un cambio de las mismas.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que asistió a la audiencia de revisión de medidas presentó los argumentos jurídicos establecidos para pedir se mantenga la vigencia de las medidas impuestas que en su momento le aplicaron distintas a la prisión preventiva.

Los apoderados del funcionario basaron su petición para lograr el cambio de las medidas; como ser la presentación periódica a la Secretaría de Tribunal y la prohibición de salir del país por la existencia de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que se encuentra en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La petición que presentó el alcalde, Leopoldo Crivelle Durant, para lograr un cambio de medida era para permitirle poder salir del país o en su defecto se le concediera un permiso; sin embargo, el Tribunal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción la negó y resolvió mantener vigente las medidas impuestas.

El funcionario municipal enfrenta un proceso por los delitos de fraude y uso de documentos públicos falsos, en hechos que tiene su origen en la denuncia 8957-2014, que contiene informe de auditoría financiera practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Municipalidad de Choloma en el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 2011, cuyo resultado dio indicios de responsabilidad penal por parte del alcalde y la corporación municipal en pleno, quienes aprobaron la compra de un terreno sobrevalorado sin seguir los procedimientos legales establecidos en la Ley.

Se trata de un bien inmueble adquirido el 27 de febrero de 2008 para la construcción de un relleno sanitario denominado “El Ocotillo Desagüe”, el cual según la comisión de avalúo de la Contaduría General de la República tenía un costo de tres millones 25 mil 529 lempiras con 15 centavos; no obstante, adulterando el documento oficial de tasación, autorizaron dicha compra en sesión de corporación por un monto de 10 millones 500 mil lempiras.

En tal sentido, se acreditó mediante las diferentes diligencias efectuadas por la FETCCOP y la ATIC que la sobrevaloración fue de 7 millones 747 mil 474 lempiras con 85 centavos.