La oposición de Nicaragua suspendió este lunes su participación en el diálogo con el gobierno en respuesta a "la violencia y represión" del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo en un comunicado que "condena enérgicamente la violencia y represión ejercida" el sábado, cuando opositores se preparaban para marchar en demanda de la liberación de detenidos por participar en las protestas del año pasado contra el gobierno de Daniel Ortega.

La libertad de los manifestantes detenidos constituye el escollo de la negociación, con la que las partes buscaban poner fin a la crisis que se desató en el país desde el comienzo de las manifestaciones antigubernamentales que dejaron decenas de muertos y detenidos. La oposición plantea que la liberación debe ser un acto unilateral del gobierno, pero el oficialismo insiste en que debe ser discutido junto a otros temas en la mesa de diálogo.

"Los sucesos del sábado se suman a la desesperación que experimentan cientos de hogares que continúan viendo a sus familiares injustamente detenidos, al dolor que sentimos todos por los muertos y los desaparecidos", expuso la oposición.

La delegación del gobierno respondió en otro comunicado calificando como "inconcebible, contradictoria e insólita" la participación de miembros de la oposición en "una provocación y alteración del orden público", refiriéndose a la protesta convocada para el fin de semana.

Agentes de la policía arremetieron el sábado contra opositores que se preparaban para manifestarse y detuvieron a más de 100 personas, entre ellas dos miembros de la alianza opositora. Los liberaron horas después por mediación del nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.

La ACJD reclamó que el gobierno "tiene a más de 700 presos políticos simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión".

El gobierno negó esa cifra y anunció un informe del Sistema Penitenciario sobre el número de presos.

La posición de ambas partes fue expuesta a la prensa, de forma separada, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sede de las conversaciones, en el sur de Managua.

El ejecutivo había prometido liberar la semana pasada a un grupo "apreciable" de reos como un gesto para facilitar el diálogo, pero el viernes liberó a 50 personas, lo que fue considerado "insuficiente" por los opositores.

"El diálogo continúa en el impasse", dijo José Pallais, un opositor en la mesa de negociaciones, que también consideró "importante generar confianza" en las conversaciones.

La delegación del gobierno, en tanto, reclamó a la oposición "compromiso sincero de conversar y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua", aunque evitó referirse a los presos.

En el reinicio de las conversaciones el 27 de febrero, el gobierno excarceló con régimen de casa por cárcel a un centenar de manifestantes y el viernes sacó al segundo grupo de 50 personas bajo la misma figura.

• "Hay mucha mentira" - La delegación opositora manifestó que el proceso de negociación es "un compromiso ineludible" en la búsqueda de una solución pacífica de la grave crisis en el país.

"Lamentablemente, hasta el día de hoy el diálogo nacional no ha producido los resultados que legítimamente espera la gran mayoría de nuestros conciudadanos. Su frustración es la nuestra. La entendemos y la compartimos plenamente", subrayó la comunicación.

El representante del Vaticano, el nuncio Waldemar Sommertag, testigo de las conversaciones, ha sido objeto de críticas en redes sociales por supuesta parcialidad con el gobierno, pero el religioso negó esos señalamientos.

"Yo estoy poniendo toda mi alma para una causa que no es mía, que es de ustedes, si no se ponen a buscar una salida no va a haber. Aquí no hay confianza, hay mucha mentira", reaccionó el nuncio en declaraciones a la prensa.

"No puedo ser neutral ante el sufrimiento de un pueblo", apuntó en tono enérgico.

Las protestas antigubernamentales iniciaron en abril de 2018 contra una reforma a la ley de seguridad social, pero derivaron en un pedido de renuncia del presidente Ortega por la cantidad de muertes.

Organismos de derechos humanos contabilizan 325 muertos, 700 detenidos y miles de exiliados en el contexto de la protestas. El gobierno reconoce 199 fallecidos, la mayoría vinculados a partidos y fuerzas policiales.