Tegucigalpa | INTERFM | Jueves 12/9/2019

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) formalizó la acusación este jueves mediante una audiencia preliminar en contra de Mario Roberto Zelaya Rojas, acusado en mayo pasado de ocho delitos de corrupción que habría cometido durante fungió como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En esta última línea de investigación presentada ante los tribunales del circuito anticorrupción, también se acusó al exjefe de compras del IHSS, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia) por cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios y al empresario Roberto Alejandro Bandes Atuán (sobreseído, desición por la que se prepara una Acción de Amparo) por lavado de activos y cuatro delitos de encubrimiento.

En este caso, el Ministerio Público logró develar cómo Roberto Alejandro Bandes Atuán, amigo de Mario Roberto Zelaya Rojas, en el 2013 se sumó al esquema de saqueo y blanqueo de capitales del IHSS, recibiendo Lps. 5,350,000.00 de tres empresas fachadas, fantasmas o de maletín y otros Lps. 4,291,000.00 de líneas de crédito extendidas a favor de una agencia de viajes.

Según las investigaciones, Bandes Atuán, valiéndose únicamente del hecho de ser allegado al exdirector del «Seguro Social», recibió cheques de las empresas fachadas SUMIMED, SARPER y COPROMED, fondos que utilizó para incrementar su capital. En el caso de la tour operadora Destinos de Éxito, el encausado compró una gran cantidad de pasajes aéreos a Mario Roberto Zelaya Rojas, su familia, funcionarios de esa institución y personas particulares.

Cabe mencionar, que órdenes para que se emitieran irregularmente estos pagos salieron de los despachos de la dirección general del IHSS y del departamento de Compras, Materiales y Suministros.

En total, mediante la suscripción fraudulenta de contratos de prestación de bienes y servicios entre el IHSS y empresas fachadas, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del MP registró y documentó la sustracción de casi 300 millones de lempiras de las arcas estatales, mecanismos ilícitos por los que ya guardan prisión y han sido condenados decenas de personas.