Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, como parte de la Operación Némesis VI, solicitó este martes la privación definitiva de dominio sobre 19 viviendas, 253 vehículos, cinco sociedades mercantiles y 31 cuentas bancarias propiedad de José Antonio Interiano Contreras, socio del clan Barralaga, a quien la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le presentó en noviembre de 2020 un caso por lavado de activos.

Esta tercera etapa del caso al que se le denominó Perseo, se desprende del expediente en contra del ex subcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández (condenado) y Jorge Alberto Barralaga Rivera (condenado, hijo del jerarca policial), en el que se detectó transacciones comerciales atípicas entre Barralaga Rivera e Interiano Contreras, con el fin de que la empresa Transportes Barralaga S.A. suministrara combustible a un costo más bajo en relación a como lo estaba adquiriendo el imputado.

A raíz de ello, los movimientos financieros no justificados y usados como fachada para lavar dinero, además de compras de bienes muebles e inmuebles por José Antonio Interiano Contreras, y donde se vincula a la empresa mercantil UNO San Pedro, de su propiedad, ascienden a más de 174 millones de lempiras, todo ello en un período de nueve años (2005 – 2014), de acuerdo al análisis de los peritos financieros de la UF-ADPOL y la ATIC.

Es así que, para garantizar y preservar la disponibilidad de estos 308 bienes, empresas y productos financieros, el Ministerio Público pidió medidas aseguramiento e incautación de las propiedades situadas en las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Naco en el departamento de Cortés, al tiempo que continúa el proceso penal contra José Antonio Interiano Contreras que a finales de año irá a juicio oral y público.

Por otro lado, en Némesis VI, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han detenido al propietario de la discoteca sampedrana Imagine Show & Disco, Gustavo Enrique Cárcamo Jiménez, por el delito de explotación laboral infantil, luego de rescatar en dicho sitio a tres menores de edad, uno de ellos trabajando en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. Además, se promueven causas por trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial agravada, violación, explotación de menor de edad o discapacitado y tráfico ilegal de personas.

Entretanto, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) interpone ante los juzgados capitalinos 58 acusaciones por violencia de género y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) presentará requerimiento fiscal por el delito de incitación a la discriminación en contra del pastor evangélico Roy Fredy Santos Castellanos, quien el 24 de marzo de 2022 profirió expresiones que lesionan la igual dignidad de las personas, sobre todo las que son miembros de los pueblos indígenas y afrohondureños, asimismo se preparan acciones penales por el delito de falsificación de documentos contra funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) con relación a la emisión de títulos que afectan propiedades comunitarias garífunas en Tela.

De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la ATIC, imputará delitos relacionados a falsificación de documentos públicos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), así como casos en alcaldías de Cortés, entre otras.

En la Operación Némesis VI, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) continuará con diligencias investigativas por supuestos actos de corrupción durante de pandemia de COVID-19, y forma paralela, las demás Fiscalías Especiales, Regionales y Locales efectúan acciones frontales en el combate al crimen organizado, delincuencia común, delitos contra la vida, investigación de delitos tributarios, contra la propiedad intelectual e industrial, el medio ambiente y se harán efectivas órdenes de captura contra agresores de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores.