La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un antejuicio en contra del juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia.

Con anterioridad, la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue antejuiciada por el delito de prevaricato judicial continuado, y en ambos casos, los hechos están relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($. 51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras; así como otra parte resuelta el 30 de septiembre del 2022, en la cual se ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) por más de 106 millones de lempiras ($. 106,155.242.86), es decir, casi tres mil millones de lempiras.

A la sentencia emanada del Centro de Conciliación y Arbitraje del CAH que originó la interposición de las dos demandas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que eran contrarias al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.

Pese a ello, una primera demanda fue resuelta seis años después por la togada Irisabel Lucía Miranda Hernández, y posteriormente, una segunda parte de la demanda la ejecutó 13 años después el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio, lo que en total suma un perjuicio económico al Estado de más de 157 millones de dólares, equivalente a más de tres mil 500 millones de lempiras.

A razón de ello, la UFERCO, en el presente procedimiento especial de antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, pide se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra del juez señalado, a quien igualmente se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.

Una persona vinculada en el presente caso es César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, mismo que fue sobreseído el año anterior en aplicación al decreto 04-2022 conocido como Ley de Amnistía.