Tegucigalpa, Francisco Morazán. En cumplimiento a una sentencia de privación del dominio de bienes de origen ilícito, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) coordina con autoridades panameñas la restitución a favor del Estado de Honduras de un poco más de un millón de dólares que el empresario Samuel Benjamín Bográn Fuentes (QDDG) ocultaba en el sistema financiero de aquel país centroamericano.

Dicho caso, cuyo fallo data de junio pasado, forma parte de un conjunto de acciones promovidas por el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la administración de Mario Roberto Zelaya Rojas y que ha dejado 23 condenas, más de 60 personas procesadas y millonarios aseguramientos de activos.

Contra Samuel Benjamín Bográn Fuentes, el Juzgado de Privación de Dominio, a solicitud de la Sección Contra el Lavado de Activos de la FESCCO, ordenó el comiso de más de 25 millones de lempiras (L.25,596.907.17) en relación al producto financiero a nombre de Inversiones Naco con número 10012143615 de la banca privada y de inversiones de Panamá, sentencia que además abarca a un bien inmueble por valor equivalente de más de seis millones de lempiras (L.6,145,000.00) que deberá ser rematado.

En tal sentido, el proceso de recuperación que el Ministerio Público dirige ha permitido que la institución financiera Multibanck Panamá ya tenga listo un cheque de gerencia por un valor de más de un millón de dólares ($. 1,165,867.25), lo que debería de retornarse a Honduras una vez que la asistencia jurídica internacional se haga efectiva por la autoridad central de esa nación.

Cabe señalar que, todos estos montos, finalmente, serán reintegrados a las arcas del IHSS, en base al artículo 78-A de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece que previo a la distribución de los bienes declarados en comiso y cuando la sentencia definitiva declare la privación de dominio, en torno al comiso o decomiso de los bienes provenientes de corrupción, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) procederá a restituir los bienes a la institución pública afectada.

A ello se suman los principios de derecho internacional y obligaciones que los países signatarios adquieren en el combate a la criminalidad organizada transnacional y a los delitos de corrupción.

Como se recordará, Bográn Fuentes, exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en la junta directiva del IHSS, fue condenado por cohecho pasivo impropio y se vio implicado en otros procesos por delitos en perjuicio de la administración pública.