Para no dar tregua al delito y darle una respuesta a las denuncias de la población, equipos de fiscales ejecutan la Operación Poseidón III en diferentes sectores del país.

Acusaciones ante los juzgados, detenciones infraganti, cumplimiento a órdenes de captura, inspecciones, registros y operativos fijos, son parte de las actividades planificadas, siendo la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la encargada de dar seguimiento a los resultados de este día.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), de su lado, trabaja en concatenar prueba relacionada a supuestas irregularidades en el sector salud, uno de los casos es el denominado Hospitales Móviles II, cuya línea de investigación está muy avanzada y de la que se espera individualizar responsabilidad penal a más partícipes de este megafraude por el que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) derrochó más de 47 millones de dólares durante la pandemia por COVID-19.

Otro aspecto de interés del Ministerio Público en Poseidón III, es tutelar los derechos de los consumidores y adultos mayores de cara a la Semana Santa, por lo que en empresas de transporte, mercados, supermercados y varios centros turísticos y hospedajes se verifican precios, productos de temporada, supuestas ofertas y promociones.

Asimismo y como ya se ha informado, el Módulo de Atencion Integral Especializado (MAIE), el Módulo de Recepción de Denuncias (MRD) y la Fiscalía de Turno siguen recibiendo y procesando denuncias de víctimas vulnerables dentro de las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) u otras dependencias policiales, consecuentemente en el marco de esta operación se imponen medidas de seguridad contra agresores de mujeres y se coordina con otros despachos fiscales las diligencias de conformidad a los delitos cometidos.

Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) presenta cinco requerimientos fiscales y coordina la ejecución de ocho capturas por violencia de género ero reportada en la ciudad capital. Similares causas se resuelven en oficinas regionales y locales, dándose además una alza en incidencia de delitos sexuales.

También expedientes por denuncias en torno al delito de acceso no autorizado a sistemas informáticos, es decir, fraudes bancarios, están siendo trabajados por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), luego de un repunte registrado en los últimos meses; solo en marzo 110 casos se pusieron en conocimiento del Ministerio Público y de la Unidad de Ciberdelito de la DPI, con perjuicios de entre 10 mil a un millón de lempiras por cliente afectado.

Fiscales de Derechos Humanos, Protección a la Niñez, Delitos Contra la Vida, Contra el Crimen Organizado, Contra la Trata, Medio Ambiente, entre otros, de igual forma, harán lo propio en Poseidón III a razón de brindarle a la ciudadanía una respuesta expedita pese a la compleja situación a nivel institucional.