El Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo ha mocionado un decreto de aministía contra todos los presos políticos en el período del golpe de estado del 2006 al 2009, y ante su aprobación muchos sectores del país han reaccionado con repudio y al mismo tiempo han condenado a este poder por hacerlo.

El decreto legislativo otorga amnistía a todos los presos políticos y funcionarios relacionados a la administración del ex presidente Manuel Zelaya Rosales.

La amnistía corresponde a 29 delitos entre los que se mencionan falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, así como malversación de caudales públicos, fraude, terrorismo y enriquecimiento ilícito.

El Consejo Hondureños de la Empresa Privada (COHEP) condenó dicho decreto de ley estableciendo que no se puede sentar un precedente para que le sirva a los funcionarios públicos como herramienta para lograr una impunidad en el país.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también interpuso sus quejas con respecto a este proyecto de ley que entrará en vigor una vez se publique en el diario oficial La Gaceta. "Se está beneficiando a todo funcionario ue durante el 2006 a 2009 participó dentro de la administración pública y cometió hechos delictivos en contra de la administración pública" expresó Odir Fernández del CNA.

"¡No confundir aministía con amnesia!" escribió la directora del CNA, Gabriela Castellanos, en sus redes sociales.

¡No confundir amnistía con amnesia!

— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) February 3, 2022