Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público ejecuta este miércoles en todo el país la Operación Omega III y en acciones frontales contra la corrupción inscribió ante el Registro de Propiedad (IP) la medida cautelar precautoria de aseguramiento sobre nueve bienes inmuebles y tres empresas relacionados al Antejuicio promovido en contra del alcalde y la regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Nasry Juan Asfura Zablah y Nilvia Ethel Castillo Cruz, respectivamente.

A ambas autoridades edilicias la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) les supone responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios, caso por el que se apeló la resolución de un juez de privación de dominio que inicialmente se negó al autorizar dichos aseguramientos y que ahora los declara procedentes pero deniega su incautación y traspaso a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que nuevamente se planteará un recurso, esta vez ante un Tribunal de Alzada.

Tales bienes plenamente identificados en Tegucigalpa corresponden a dos lotes en residencial Lomas del Molino fase I propiedad de Nasry Juan Asfura Zablah, una vivienda en la residencial Zarahemla etapa II propiedad de Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, una vivienda en residencial Prados Universitarios propiedad de Nilvia Ethel Castillo Cruz y una vivienda en la colonia Kennedy propiedad de Oscar Rolando Uriarte Romero, al tiempo que una vivienda y un lote en la aldea Las Flores, Teupasenti, El Paraíso, propiedad de Wilmer Gerardo Rodríguez López.

Asimismo, las medidas de aseguramiento incluyen a la sociedades mercantiles Cementos S.A. (CESA), Inversiones Varias S.A. (INVASA) y Desarrollo de Construcciones Equipo S.A. (DECOESA), ubicándole a esta última tres locales en Torre Morazán de Tegucigalpa.

En este expediente, una vez que el Antejuicio adquiera el carácter de firme a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la UFERCO tendrá vía libre para interponer el Requerimiento Fiscal por un desvío de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía, los que utilizaron en beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina.

Por otra parte, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) desarrollan operaciones encaminadas a desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y delitos conexos.

A esto se suman las labores ya iniciadas para la prevención del desvío de sustancias químicas controladas que pueden ser utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, de las que se desprende una línea de investigación contra una industria de la que se desconoce el destino dado a dos toneladas de precursores químicos, así como una atípica donación de otras 50 toneladas a una empresa que no se dedica al rubro farmacéutico, al igual que por la compra a proveedores no autorizados.

De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en el marco de la Operación Omega III, inician investigaciones en la municipalidad de El Porvenir, Atlántida, atendiendo denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, así como se llevan a cabo diligencias en el corredor central por supuesto abuso de autoridad del alcalde municipal de Yamaranguila, Intibucá, mientras que en la zona norte se indagarán presuntos actos irregulares en dos instituciones gubernamentales, además de la interposición de un Requerimiento Fiscal por delitos contra la administración pública.

Respecto al quehacer de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC, se cumple con una serie de inspecciones, decomiso de documentos, ubicaciones, tomas de declaración y acusaciones por supuestos ilícitos cometidos por operadores de justicia, entre ellos policías, investigadores, defensores públicos y exfiscales.

En cambio, Fiscales de Derechos Humanos decomisan expedientes clínicos por presuntos casos de mala praxis médica en hospitales públicos y privados de la capital, así como en centros de salud y de triaje corroborando la adecuada atención y el suministro de medicamentos a pacientes sospechosos de COVID-19.

Con relación a la protección de víctimas y grupos vulnerables, durante la Operación Omega III, destaca a nivel nacional el trabajo de las Fiscalías de la Mujer, Niñez, Etnias, Consumidor y Adulto Mayor, de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, del Módulo de Recepción de Denuncias (MRD) y del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE).

Solo ante los juzgados de Tegucigalpa se están presentando más de 40 acusaciones por violencia por razones de género.En tanto, allanamientos, capturas y decomisos de indicios a miembros de células criminales se reportan por parte de Fiscales de Delitos Contra la Vida, Contra los Delitos Comunes, Operaciones Especiales y Microtráfico de Drogas.

Además, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) presentarán Requerimiento Fiscal contra el subinspector de policía, Franklin Jesús Amaya Maradiaga, por los delitos de abuso de autoridad y limitación o impedimento de derechos fundamentales por funcionario o empleado público, debido a que obstaculizó el trabajo del personal del Ministerio Público durante una diligencia de traslado de un cuerpo tras una muerte violenta suscitada en Talanga.

En la Operación Omega III se proyecta también el accionar de las Fiscalías Regionales de Santa Bárbara, Occidente, Norte, Bajo Aguán, Litoral Atlántico, Comayagua, Sur, Centro, Olancho y Oriente, como de Fiscales Contra Delitos Tributarios, Propiedad Intelectual y Medio Ambiente, de lo que se espera una considerable cantidad de capturas, detenciones infraganti, incautaciones, medidas neutralizadoras de los efectos del delito e inspecciones, con apoyo de diferentes agencias del orden.