La Justicia de los Estados Unidos confirmó que el ex policía Derek Chauvin, declarado culpable del asesinato del afroestadounidense George Floyd, fue condenado a 22 años y medio de prisión por un crimen que estremeció a la nación norteamericana.

“La sentencia no se basa en la emoción o la simpatía”, dijo el juez Peter Cahill al dictar la pena en un tribunal de Minneapolis. Añadió en un breve discurso que tampoco se basaba “en la opinión pública”, sino en la ley y en los hechos específicos del caso.

Los fiscales habían pedido una pena de 30 años de prisión contra este hombre de 45 años que, el 25 de mayo de 2020, asfixió en Minneapolis al afroestadounidense bajo su rodilla y desató una movilización antirracista inédita en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

“Cometió un asesinato brutal”, “traumatizó” a los allegados de su víctima y “generó un shock en la conciencia de la nación”, dijeron los fiscales en documentos transmitidos previo a la audiencia.

Algunas personas se congregaron afuera del tribunal en Minneapolis, donde no estaban los soldados desplegados durante el juicio de ocho semanas. La ley del estado de Minnesota establece una sentencia mínima de 12 años y medio de prisión para Chauvin, encarcelado desde que fue declarado culpable de homicidio el 20 de abril.

Pero el juez Peter Cahill identificó circunstancias agravantes que podrían indicar una sentencia mucho más severa. El magistrado consideró que Chauvin había “abusado de su posición de confianza y autoridad”, que había tratado a Floyd con “especial crueldad” frente a menores y que “cometió el crimen como grupo con la participación activa de al menos otros tres” uniformados.

Antes de anunciar su decisión, escuchó una última vez a los familiares de Floyd. Chauvin también tuvo la posibilidad de expresarse: “Quiero dar mis condolencias a la familia Floyd. Habrá más información en el futuro que será de interés, y espero que las cosas les den algo de tranquilidad”.

Paralelamente, el juez Cahill rechazó este viernes un pedido presentado por la defensa para un nuevo juicio ante dudas sobre la imparcialidad de algunos miembros del jurado, al considerar que “no pudo probar” sus acusaciones.