Una jueza ordenó el jueves al Departamento de Justicia que haga pública una versión redactada de la declaración jurada en la que se basó cuando los agentes federales registraron la finca de Florida del ex presidente Donald Trump en busca de documentos clasificados.

La directiva del juez federal Bruce Reinhart se produjo horas después de que las fuerzas del orden federales presentaran bajo sello las partes de la declaración jurada que quieren mantener en secreto mientras avanza su investigación.

El juez dijo que el departamento debe presentar su versión redactada antes del mediodía del viernes. Es probable que las redacciones propuestas por el departamento sean extensas, por lo que no está claro cuánta información nueva sobre la investigación se revelará.

La orden significa que el público podría obtener pronto al menos algunos detalles adicionales sobre lo que llevó a los funcionarios del FBI a registrar Mar-a-Lago el 8 de agosto como parte de una investigación sobre los documentos clasificados que se conservan en la propiedad de Palm Beach.

La orden de registro ya fue divulgada previamente y evidenció que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.

Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, documentos clasificados, que según el diario The New York Times, suman más de 300.

Los medios de comunicación piden la divulgación, así sea parcial, de la “declaración jurada”, en la que se consigna la causa probable de delitos.

El juez Reinhart ha dicho que revisará el documento editado por la Fiscalía y verá si es necesaria alguna otra edición de su parte y además si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa “sustancia” de la causa.

En ese sentido, el magistrado no ha decidido por tanto si publicará o no la “declaración jurada” que justificó el registró del pasado 8 de agosto.

Mientras, Trump ha pedido en otra demanda una supervisión de un perito independiente en torno al registro, un recibo más detallado de lo decomisado durante el cateo, que considera “ilegal”, y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.