San Pedro Sula, Cortés. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), fue notificada recientemente de la sentencia condenatoria dictada contra dos ex gerentes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y contra dos altos ejecutivos de dicha institución del Estado.

El Tribunal de Sentencia consideró condenar a la pena de cuatro años con seis meses más la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los ex gerentes de la ENP, Iván Gustavo Matute Gómez y Maynor Humberto Pinto Valle.

La sentencia condenatoria también fue contra el ex jefe de División Técnica, Juan Antonio Escobar Figueroa quien según el fallo fue condenado a la pena de tres años con ocho meses de cárcel por el delito de falsificación de documentos públicos y seis años por el fraude más las penas de inhabilitación y se le suma la multa que debe pagar al Estado de Honduras.

En el caso de Juan Antonio Escobar se libró orden de captura en vista que no se presentó a la lectura de la sentencia en donde se le revocaron las medidas que venía gozando.

Mientras que, el ex jefe de compras de la misma institución, Oscar Antonio Artiga Orellana fue condenado a la pena de tres años con ocho meses por falsificación de documentos públicos, seis años por el delito de fraude y por abuso de autoridad a la pena de cuatro años con seis meses de reclusión más la inhabilitación sumado al monto que debe indemnizar al Estado de Honduras.

La FETCCOP para lograr la sentencia condenatoria durante el desarrollo del juicio presentó los elementos que reflejaron la participación de los acusados en la comisión de actos irregulares.

En un informe reveló compras sobrevaloradas y contrataciones anómalas que causaron un perjuicio a la ENP por un monto de 17 millones de lempiras, también se establece que se giraron un sin número de órdenes de servicios que fueron adjudicadas obviando el proceso que establece la Ley de Contratación del Estado.

Por este hecho está pendiente el juicio contra José Francisco Gámez Rendón señalado por los supuestos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude.