El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves sanciones contra al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como “avispas negras” o “boinas negras” por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Esto marca los primeros pasos concretos de la administración Biden para presionar a la dictadura cubana, en un momento en que Washington enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubanoestadounidense para mostrar un mayor apoyo a los manifestantes.

La velocidad con la que el gobierno elaboró las nuevas sanciones indica que es poco probable que Biden suavice el enfoque de Estados Unidos hacia Cuba poco después de que su predecesor, Donald Trump, hiciera retroceder una histórica distensión de la era de Obama con La Habana.

Miles de cubanos realizaron protestas hace una semana para manifestarse contra una crisis económica que ha provocado escasez de bienes básicos y cortes de energía. También protestan por el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus y las restricciones a las libertades civiles. Cientos de activistas fueron detenidos.

Biden había prometido durante su campaña revertir algunas de las políticas de Trump hacia Cuba, pero el anuncio del jueves sugiere poco apetito por volver a acercarse a la isla de regimen comunista.

Al mismo tiempo, la administración Biden sigue buscando formas de aliviar la difícil situación humanitaria del pueblo cubano.

La Casa Blanca dijo el martes que Biden formaría un grupo de trabajo para analizar el tema de las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla. El objetivo es determinar cómo los cubanoestadounidenses pueden enviar dinero a las familias en la isla mientras mantienen los fondos fuera del alcance de la dictadura cubana.

Las sanciones se aplicaron en base a la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnitsky Act), una norma con la que la Justicia de EEUU puede acusar por corrupción y violaciones a los derechos humanos a ciudadanos extranjeros.