Estados Unidos acusó al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios clave de narcoterrorismo y corrupción, y ofreció recompensas millonarias por información que lleve a su captura.

El secretario de Justicia, William Barr, anunció los cargos en una conferencia de prensa este jueves por la mañana.

Según el comunicado, “el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$ 15 millones por información relacionada con Nicolás Maduro Moros. El Departamento también ofrece recompensas de hasta US$ 10 millones en cada caso por información relacionada con: Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional”.

“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela”, dice el comunicado del Departamento de Estado.

La cadena de televisión, CNN, informó originalmente que el Departamento de Estado también designaría a Venezuela Estado patrocinador del terrorismo, según cinco fuentes familiarizadas con la situación. Sin embargo, el Departamento de Estado, que oficialmente hace la designación de terrorismo, dijo el jueves que no tomaría esta medida.

Estas medidas llegan varios meses después de que más de 50 países desconocieran a Maduro como presidente. Estados Unidos y otros países y organismos internacionales han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el líder del país, y el gobierno de Trump ha emprendido una campaña de sanciones económicas que tenía como objetivo sacar a Maduro del poder.

Estados Unidos acusa al régimen de Maduro de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidos ejecuciones extrajudiciales, tortura, arrestos arbitrarios y la detención de ciudadanos venezolanos. Los miembros del régimen también han sido acusados en el pasado de facilitar las operaciones de narcotráfico en el país, en parte para alimentar una economía en ruinas estropeada por la corrupción gubernamental desenfrenada.