El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), impulsan acciones de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano.

Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son: su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes.

Lo anterior, como parte del trabajo de la comisión especial integrada por fiscales y detectives de la FESCCO, UF-ADPOL y DLCN respectivamente, quienes efectuaron una recopilación y análisis de información luego de asistir y permanecer durante los 14 días en los que se desarrolló el juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la extinción definitiva de bienes se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades.

Como parte de la acción definitiva de privación de dominio se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación, por lo que, una vez concluida la requisa, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para el respectivo proceso.

De nuevo, el Ministerio Público reitera que seguirá dándole seguimiento a las líneas de investigación que se han abierto luego de la información a la que tuvo acceso la comitiva enviada por el Fiscal General de la República a Nueva York, Estados Unidos.