Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público, actuando como defensor de la legalidad y perseguidor del delito y del delincuente, interpuso en las últimas horas un recurso de reposición contra los sobreseimientos definitivos con los que la Corte de Apelaciones Anticorrupción favoreció al ex Secretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios y al ex Subsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato Ramírez, por el delito de falsificación de documentos públicos.

Este recurso se ha presentado por considerar que se está frente a una resolución judicial errónea, injusta e irracional, puesto que esgrime argumentos subjetivos, tergiversa la verdad de los hechos, carece de análisis, interpretación y valoración de la prueba en su conjunto, tiene problemas de aplicación a las reglas de la sana critica y causa agravios a la correcta administración de la justicia, por lo que la Fiscalía Especial de Impugnaciones deviene en la obligación de solicitar su enmienda, a través de los remedios procesales, para así evitar la impunidad de la corrupción.

Como se recordará, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) presentaron un caso en torno a la suscripción irregular de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al COVID-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo instalado nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.

Lo anterior, se dio producto de la colusión entre los encausados para defraudar las arcas públicas y beneficiar a una empresa, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, a lo interno del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), comenzó con el ministro de COPECO, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.

Al final, el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC, por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, transferencias de la siguiente manera: un adelanto de $.33,502.97 el 2 de marzo de 2020, siete días después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58, para un proyecto fallido instalado en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topógráficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el Coronavirus.

Es importante aclarar que, si bien es cierto existió un contrato que aparentemente se cumplió, el mismo acordaba la adquisición un hospital móvil con sus salas de aislamiento, sin embargo, lo recibido fue una carpa táctica con toldos y camillas de campamento.

Otros acusados en el presente expediente, son: el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.

Se reitera, que el recurso de reposición va orientado a restituir el curso de la causa, para que todos los medios de prueba, que por el momento ha desconocido la Corte de Apelaciones Anticorrupción, sean evacuadas en juicio oral y público. De no ser así, una Acción Constitucional de Amparo se presentará por el Ministerio Público.