El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios de Gobierno (2018-2022), acusados de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de sesenta y tres millones de lempiras (L 63,839,377.80), mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19 debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso.

Los acusados son Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de COPECO. Se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Los tres acusados tendrán que presentarse a las oficinas del Ministerio Público para responder por los crimenes asociados dentro de una acusación formal por corrupción pública.