Las convocatorias a las marchas de este miércoles -hay unas 20 distintas- quieren unir en un solo evento el rechazo a Bukele y sus medidas más polémicas e impopulares, como su intención de buscar la reelección presidencial, una reforma que purgaría a un tercio de los jueces del país o la entrada en vigor del bitcoin como criptomoneda de circulación legal.

El oficialismo también tiene en agenda para la jornada la presentación de un pliego de reformas a dos tercios de los artículos de la Constitución, incluidos los que tienen que ver con la posibilidad de la reelección de Bukele.

No serán estas las primeras marchas de oposición al presidente, pero esta, al decir de algunos de sus organizadores, pretende ser un parteaguas que marque el inicio de una protesta callejera más robusta y, para los más ambiciosos, la creación de un frente de oposición más vigoroso en un país en que Nayib Bukele y sus fieles han copado el poder del Ejecutivo -fuerza pública incluida-, el Legislativo y la cabeza del Judicial.

Fue el 7 de septiembre, el día en que entró vigencia el bitcoin, que Bukele atestiguó la primera convocatoria callejera nutrida desde que asumió como presidente en junio de 2019. Dueño de índices récord de popularidad, de una victoria incontestable de su partido en las legislativas de este año y apenas importunado por una oposición política formal hecha jirones, la respuesta de la sociedad civil a las acciones del gobierno habían sido irrelevantes. Hasta ahora.

La expectativa de los organizadores es llenar con al menos 5.000 personas la Plaza Morazán, en el centro de San Salvador, un número modesto si se lo compara con las grandes marchas de los 70 y 80 en El Salvador de las dictaduras militares y la guerra civil, pero relevante en los tiempos del bukelismo, que apenas había visto concentraciones de pocas decenas cuando sus diputados dieron golpe a la Corte Suprema y a la Fiscalía General para nombrar en esas instituciones a funcionarios afines.

Hay otra cosa que distingue a los organizadores de estas marchas de liderazgos anteriores. Aunque el oficialismo, a través de voceros como el ministro de trabajo, ha insistido en endilgar a la izquierda y derecha tradicionales la organización, lo cierto es que esta vez no hay grandes partidos políticos, sindicatos o gremiales fuertes detrás de las protestas. El liderazgo es más bien horizontal, y entre los organizadores más visibles destacan las feministas y los jóvenes.

“Son las mujeres y los jóvenes los que sienten más rápidamente la opresión… Los jóvenes no encuentran oportunidades, no hay futuro para ellos. No hay esperanza. No hay nada. La primera opción quizá sea la frustración, pero luego viene la lucha, y las mujeres son las que más sufren la violencia de género, el machismo, la misógina, que se multiplica por mil en regímenes opresivos”, dice Juan De la Cruz del Bloque Popular Juvenil, uno de los movimientos que estará en las marchas del 15.

El presidente Bukele no se ha referido al asunto hasta ahora y ha intentado desviar la conversación a la supuesta reactivación de la aplicación digital “Chivo Wallet”, financiada con fondos públicos para transacciones con bitcoin, e incluso anunció la apertura de la vacunación gratuita contra el Covid-19 a niños entre 6 y 11 años, algo que ya fue objetado por la asociación de pediatras de El Salvador por considerar que “no hay datos de eficacia suficientes para respaldar la decisión” presidencial (Estados Unidos, por ejemplo, aún no aprueba la vacunación en ese rango de edad).

A Bukele incluso le quedó tiempo en la víspera del 15 de septiembre para enfrentarse en Twitter a un periodista por la reforma legislativa que permitirá la purga en el órgano judicial.

Los manifestantes, sin embargo, entienden que el gobierno se ha preparado y algunos ya temen que el aparato estatal prepare infiltraciones de agentes de inteligencia o de seguridad en ropas civiles para intentar violentar las marchas.

“Hay personas que tienen miedo de represalias, los organizadores hablamos de cómo guiar a quienes quieran llegar y permanecer incógnitos en la marcha o a quienes se enfrenten a policías que los quieran arrestar o decomisarles sus teléfonos”, cuenta Andy Failer, miembro del partido de oposición Nuestro Tiempo y quien participa a título individual en la organización de las marchas.

Failer y otros de los organizadores con los que habló Infobae cuentan que en la víspera del 15 de septiembre surgieron rumores de que agentes del gobierno infiltrarían las marchas para “provocar disturbios y daños a la propiedad privada, para dar mala imagen”. Otra estrategia sería enviar a la Policía Nacional Civil a las rutas de acceso a San Salvador para evitar que las protestas se nutran desde el interior del país.

Por ahora, la única comunicación oficial del gobierno es que el presidente hablará en una cadena nacional de radio y televisión a las 8 de la noche (hora local).