El Departamento de Justicia de Estados Unidos liderado por el Fiscal General, Merrick Garland, junto a otros funcionarios reconocidos como el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, presentaron los cargos oficiales en los que acusan al ex presidente Juan Orlando Hernández de delitos relacionados a la conspiración para traficar cocaína y armas hacia ese país.

La acusación presenta que desde al menos alrededor de 2004, hasta e incluyendo alrededor de 2022, Hernández, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares.

"Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, presuntamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York.

"Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y sancionando la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. Felicito a los fiscales de carrera del Distrito Sur de Nueva York por sus incansables esfuerzos para interrumpir todo el ecosistema del tráfico de drogas ilícitas, desde traficantes callejeros hasta un exlíder mundial, y todo lo demás” continuó diciendo el funcionario estadounidense.

"La extradición de hoy muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción", dijo la administradora Anne Milgram de la Administración de Control de Drogas (DEA).

"La investigación de varios años de la DEA reveló que Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, fue una figura central en una de las conspiraciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político y, una vez elegido presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del Gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico. Este caso debería enviar un mensaje, a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud de la población americana" expresó Milgram.

En 2018, Hernández Alvarado fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado después del juicio el 18 de octubre de 2019. Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, Hernández continuó coordinando de cerca con traficantes a gran escala, incluido Fuentes Ramírez, que continuaron pagando sobornos a Hernández para obtener protección.

Además, durante el juicio de Hernández Alvarado, se introdujeron como evidencia registros de drogas pertenecientes a otro exnarcotraficante hondureño y cómplice, mencionado en la acusación formal como “CC-2”. Estos libros de contabilidad contenían, entre otras cosas, anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y “JOH”, las iniciales de Hernández, junto con los asientos correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y Hernández Alvarado. Aproximadamente una semana después de la condena de Hernández Alvarado, presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC-2 en una prisión de Honduras para evitar la posible cooperación de CC-2 contra, entre otros, Hernández.

Cargos presentados contra Juan Orlando Hernández por Estados Unidos

El primer cargo es el de "conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos", lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

El segundo cargo es por "usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína", que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

El tercer cargo es por "conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína", que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.