La Fiscalía de Nueva York habría presentado un documento como ente acusador contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla (2012-2013), y el expolicía, Mauricio Hernández Pineda.

Todos los mencionados se encuentran presos en una carcel de Nueva York por acusaciones relacionadas al narcotráfico y a tráfico de armas.

Algunos de los involucrados que habrían participado como conspiradores y que estarían cooperando con la fiscalía por una condena más leve son el exalcalde narcotraficante de El Paraíso, Copán, Alexander "Chande" Ardón, el narco guatemalteco Víctor Hugo Díaz Morales, "El Rojo" y el cabecilla del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.

El documento de 110 páginas contiene información de co-conspiradores que la Fiscalía de NY considera que apoyaron a JOH, "El Tigre" y Mauricio Hernández, en sus actividades relacionadas al narcotráficos.

"Aproximadamente a principios de 2013, CW-1 informó a Juan Orlando que necesitaban sobornar a los delegados en las mesas de votación para alterar los resultados de ciertas mesas de votación. Juan Orlando respondió, en sustancia, que el fin justifica los medios y que tendrían que hacer lo que fuera necesario para ganar. CW-1 especificó que el dinero provenía de él y Alex Ardon. Juan Orlando afirmó que CW-1 y Alex Ardon no deben preocuparse porque Juan Orlando los protegerá", dice el documento.

Por otra parte, el documento "In limine" revelaría que tras las elecciones de 2017, cuando se consumó la reelección de alias JOH para su segundo periodo presidencial, este mismo habría pagado a funcionarios de su Partido Nacional para contratar delincuentes que incitar y cometer actos de violencia durante las protestas contra los resultados de los comicios y exigiendo su renuncia.

Esto último, con el fin de estimular las acciones de la Policía Militar, imponer toque de queda y justificar el uso de la fuerza contra manifestantes.

"Como resultado, hubo numerosos enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que resultó en un alto número de muertos, principalmente entre los manifestantes. A raíz de esto, las organizaciones de derechos humanos emitieron evaluaciones generales sobre las irregularidades en las elecciones y la falta general de fe en sus resultados", agrega el escrito.

El Juez de la Corte de Nueva York asignado al caso, Kevin Castel, recibirá el documento para admitirlo, o bien, rechazarlo si considera que no se ajusta a las reglas o procedimientos del caso.