La oposición chilena presentó este miércoles en la Cámara de Diputados la acusación constitucional (juicio político) contra el presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un megaproyecto minero desveladas en los Pandora Papers.

“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad; y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.

El objetivo es que el libelo acusatorio, que puede desembocar en la destitución de Piñera o su inhabilitación para ejercer cargos públicos, se vote en los próximos días en la Cámara de Diputados y pase al Senado -órgano que actúa como jurado- antes de las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación. La misma, que según el presidente chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).

La publicación de los Pandora Papers hace casi dos semanas colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien ha defendido su inocencia alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no tuvo participación en la venta de Dominga.

De acuerdo a una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.

Según la investigación, el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.

El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.