La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este martes la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

“Hoy en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra”, indicó Castro en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión.

Agregó que el sector agropecuario aporta el 12,9 % del Producto Interno Bruto y el 35 % de las exportaciones del país corresponden a este sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y el 50 % en extrema pobreza.

“Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados”, expresó Castro, quien dijo que no puede desconocer “las condiciones precarias” del sector rural y agrícola del país, donde la población “lucha a diario por llevar alimentos a sus casas” mientras otros sectores “gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos”.

La reforma agraria, según la mandataria, es un “asunto pendiente” en Honduras, donde han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, lo que no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) “dar respuestas positivas a la demanda de tierras” de campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.

Registros del INA contienen “un sin número de terrenos con antecedentes de legalidad, que causan efectos ante terceros”, pero estudios apuntan a que “estos registros carecen de legitimidad”, ya que en gran mayoría han “sido propiedades adquiridas irregularmente por medio de remedidas en terrenos nacionales, tierras concesionadas o traspasadas sin el trámite correspondiente a su naturaleza jurídica privada”, enfatizó.

Por ello, el CNDS ordena a la recién creada comisión que elabore un proyecto de ley orientado a dar respuesta a la problemática de la mora agraria, el que deberá aprobar el Parlamento hondureño, señaló.

El proyecto de ley debe incluir “la conciliación de justiprecios pendientes de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes”, así como una sección que “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques”, según la resolución del Consejo Nacional de Defensa.