El futuro del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya pasó a manos de los 12 miembros del jurado que representan a los Estados Unidos federales para definir si el exmandatario hondureño cometió crimenes con dolo para su país y si debe pagar una condena por ellos.

La condena se puede extender hasta tres cadenas perpetuas, una por cada uno de los delitos en los que se le acusa de participar directamente a Hernández.

El sistema judicial de Estados Unidos le permite a cada uno de los involucrados (Fiscalía y Defensa) armar un caso basado en las acusaciones formales presentadas ante un juez. La Fiscalía se encargó de llamar a 10 testigos en su caso entre expertos en narcotráfico, hasta narcotraficantes y asesinos convictos en ese país.

La Defensa por su parte armó un caso basado en buscar incongruencias de los testigos cuestionando cada una de sus declaraciones juradas para introducir la duda razonable en uno o varios miembros del jurado.

Cabe destacar que para que exista un veredicto final debe haber una decisión unánime, es decir, que los 12 miembros del jurado concuerden en que la participación del acusado en los delitos esta más que probada de la duda razonable y la presunción de inocencia prevalece previo a tomar cualquier decisión.

Los 12 jueces son ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes, con trabajos, familias, carreras profesionales y demás, que fueron seleccionados entre 60 personas aptas para participar y que no tienen prejuicios sobre la nacionalidad, los cargos o la etnia.

Las deliberaciones pueden tomar varias horas y dependiendo de el tiempo que se tome puede varias el veredicto. Se asume que mientras más tiempo se tome es más probable que se decrete una decisión de no culpabilidad o juicio nulo (sino hay una decisión unánime), mientras que si el veredicto llega rápido es mucho más seguro que es culpable.